Asignaturas pendientes para impulsar la circularidad de los envases – Expansión

Las compañías abogan por una mayor proporcionalidad y seguridad jurídica en el marco regulatorio, además de fomentar la colaboración público-privada para avanzar hacia una economía más circular.

Cada europeo genera de media unos 180 kilogramos de residuos de envases al año, según datos de la Comisión Europea. Alrededor del 40% de los plásticos y el 50% del papel que se utilizan en la UE se destinan a envases y, si no se tomaran medidas para cambiar esa dinámica, los residuos originados crecerían un 19% adicional hasta el año 2030. Ante el riesgo que esto supone, están surgiendo distintas normas enfocadas a revertir la tendencia y fomentar la reutilización y el reciclado.

Mientras que este año ya ha entrado en vigor el nuevo impuesto al plástico en España, la UE ultima una revisión legislativa para impulsar la economía circular como un nuevo modelo de producción y consumo, minimizando la producción de residuos y maximizando el aprovechamiento de aquellos que no se pueden evitar. Los desafíos que plantea esta transición se abordaron en el encuentro Transición a una economía más circular: Impulso del nuevo marco legislativo y planes de actuación, que organizó EXPANSIÓN en colaboración con SIG.

Oportunidades y retos

Esta hoja de ruta implica un cambio en la concepción tradicional de los envases, que evolucionan de residuo a recurso. «Es una tarea que afecta a toda la cadena de valor: en lugar de interpretarlo como un coste, debe concebirse como un recurso», subrayó Javier Fernández Menéndez, director general de la unidad de negocio de Bag in Box y Spouted Pouches de SIG en Europa y responsable de sostenibilidad y asuntos públicos en Iberia.

Entre los principales retos para la industria, el representante de SIG sugirió que «no es buena idea prohibir directamente o fijar impuestos sin entender cuál es el ciclo de vida de los envases ni analizar cómo pueden seguir añadiendo valor una vez utilizados». En este sentido, lamentó que «en ocasiones la legislación se basa en dogmas y actúa como un freno».

Elisabet Alier, presidenta de la papelera Alier, también se mostró preocupada por la cuestión regulatoria: la directiva europea de envases se suma a otros desafíos como los llamados Scrap (Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor), que ponen en marcha las empresas para cumplir con sus obligaciones de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) para los envases industriales y comerciales. «No tiene sentido que materiales como el papel y cartón, que se pueden reciclar de forma masiva, sean incluidos en objetivos de reutilización por una jerarquía general de residuos», advirtió.

De este modo, Alier recalcó que «es necesario contar con un marco regulatorio congruente, que no haga cambios antes de analizar las implicaciones a nivel económico y medioambiental, porque en la mayor parte de los casos se acaba traduciendo en costes para las empresas».

«Cada cambio tiene un gran impacto sobre las compañías y, por ello, necesitan conocer con exactitud los objetivos con un calendario claro para poder planificar e invertir en I+D», apuntó Cinta Bosch, gerente de sostenibilidad de Aecoc, la patronal del gran consumo. Fruto de la demanda social, agregó que las empresas ya han integrado la sostenibilidad en su agenda: una de sus líneas de trabajo es avanzar hacia modelos de producción más circulares. No obstante, Bosch puntualizó que «la presión normativa puede ser un activador y a la vez un freno», por lo que abogó por la comunicación entre la Administración y el sector privado.

En la misma línea, «es necesario continuar avanzando pero debe ser un esfuerzo conjunto, basado en la colaboración público-privada», aseveró Javier Valle, secretario general de Zumos y Gazpachos de España. Aunque reconoció que queda camino por recorrer, Valle puso en valor los avances que se han conseguido hasta el momento. Por ejemplo, mencionó el trabajo realizado en el área del ecodiseño para mejorar los envases a lo largo de los últimos años, así como en el conjunto de la cadena de valor para mejorar en ámbitos como la recogida y el reciclado.

Acerca de la incidencia de las nuevas normativas en el día a día de las empresas, «estas regulaciones no están llegando de manera ordenada y eso genera una gran incertidumbre e inseguridad jurídica en las empresas, que no acaban de tener claro cuál es el marco», coincidió Esther Colino, directora de asuntos públicos de Reclay Group. De forma adicional, consideró que estas decisiones deberían ir acompañadas de estudios científicos, técnicos y económicos más sólidos, dado que pueden llegar a representar un verdadero cambio de modelo de negocio en el ámbito de los envases. Así, Colino destacó que «hay una falta de análisis científico en la toma de decisiones».

En línea con la creciente sensibilidad social en materia de sostenibilidad, el peso del derecho medioambiental viene aumentando de manera exponencial desde la aprobación del Paquete de Economía Circular de la UE en 2015. Lo indicó Arancha Bengoechea, socia de derecho público y regulatorio de Andersen, que se mostró favorable a la adopción de medidas pero «no de cualquier forma: la sostenibilidad no debe ralentizar o frenar el crecimiento». Entre los problemas, Bengoechea comentó que «apenas se plantean medidas de fomento como incentivos y ayudas, sino que la mayoría son restrictivas», desde prohibiciones hasta nuevos impuestos.

La socia de Andersen recalcó que «falta proporcionalidad y seguridad jurídica en la regulación», citando el impuesto al plástico como uno de los ejemplos más claros de estas deficiencias.