La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido su informe sobre el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, a petición del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El texto persigue reforzar la protección de las personas consumidoras y avanzar hacia un modelo de consumo más informado y sostenible. Entre sus principales novedades, el anteproyecto modifica la Ley de Competencia Desleal para ampliar las prácticas comerciales consideradas desleales, incorporando de forma expresa conductas como la obsolescencia programada, las afirmaciones medioambientales falsas o engañosas (ecoimpostura), la información engañosa sobre características sociales de los productos o empresas (lavado social), las referencias dudosas al bienestar animal y el uso de distintivos de sostenibilidad poco transparentes. Con ello, la norma busca reforzar la transparencia y favorecer una competencia orientada hacia productos y servicios más sostenibles.

Junto a esta línea de actuación, el informe de la CNMC presta una atención especial al impulso del derecho a reparar. En este punto, uno de los aspectos más relevantes del análisis se centra en la obligación de cofinanciación de las reparaciones una vez finalizado el periodo de garantía legal. La CNMC advierte de que el anteproyecto convierte un mecanismo de promoción de la reparación en una obligación económica directa para los productores, obligándoles a asumir parte del coste de determinadas reparaciones fuera de garantía. A su juicio, esta medida puede generar cargas especialmente intensas para las pymes y aumentar el riesgo de fragmentación del mercado interior.

El organismo recuerda además que la directiva europea sobre derecho a reparar permite a los Estados miembros promover la reparación mediante incentivos, pero no impone un sistema obligatorio de financiación directa como el previsto en el anteproyecto. Por ello, considera más adecuado valorar alternativas más flexibles y proporcionadas, como bonos de reparación, incentivos fiscales, campañas de información, plataformas de reparación o programas de formación específicos.

En conjunto, la CNMC valora positivamente la finalidad general de la norma, pero insiste en que las nuevas obligaciones deben aplicarse con criterios de claridad, necesidad, proporcionalidad y seguridad jurídica, para proteger a las personas consumidoras sin introducir cargas excesivas ni distorsiones innecesarias en el mercado.

Aquí te dejamos un enlace para acceder al informe completo de la CNMC.