La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha informado este miércoles que su ministerio ha sacado a consulta pública ha sacado a consulta pública el Real Decreto de modificación de la ‘tasa Enresa’, que recoge un precio de 10,32 euros el megavatio/hora (MWh), un incremento del 30% respecto a la tarifa actual que tienen que abonar las eléctricas titulares de las centrales nucleares a la empresa pública para la gestión de residuos.
Con esta tasa, las empresas titulares de las centrales nucleares sufragan la gestión de los residuos radiactivos del combustible gastado de las centrales nucleares que lleva a cabo la empresa pública Enresa.
La nueva propuesta del Ministerio supone una rebaja de 10 puntos porcentuales respecto a la planteada inicialmente, que fijaba la tasa en 11,14 euros/MWh y que fue retirada ante las alegaciones, entre ellas del sector nuclear, que pedía más tiempo para estudiar el texto.
«¿Qué es lo que hemos hecho? Nosotros hemos hecho, yo creo, un esfuerzo grande y además hemos sido beneficiarios de la excelente gestión que está haciendo Enresa», ha señalado Ribera, quien ha precisado que hasta ahora la tasa ha permitido acumular en el fondo más de 8.000 millones de euros y que la actualización propuesta ahora supone casi 3 euros menos que lo que se recomendó en el informe de la comisión de expertos de 2018 redactado cuando el PSOE llegó al Gobierno.
Para Ribera, la gestión de los residuos a través de Enresa «es el modelo más eficiente con el que se cuenta». «En Francia sale mucho más costosa esta gestión, porque cada propietario se tiene que hacer cargo de sus residuos, mientras que aquí ese sistema común reduce costes», ha asegurado.
En este sentido, también ha señalado que es más fácil hacer la gestión de los residuos en aquellos municipios donde se ha trabajado desde hace mucho con una planta nuclear, que no buscar un sitio, un emplazamiento diferente.
De esta forma, ha indicado que el VII Plan General de Residuos (PGR) haya descartado la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) previsto en Villar de Cañas (Cuenca) y contemple la construcción de siete almacenes temporales individualizados en cada una de las centrales (ATD), lo que, según el sector nuclear, supone unos «extracostes que no están dispuestos a asumir».
La vicepresidenta también ha recalcado que el calendario de cierre de las centrales nucleares para 2035 es un calendario en el que participan y se comprometen todas las empresas propietarias de las centrales nucleares.
«Mi impresión es que es un muy buen calendario para España, para los españoles, para los propietarios de las centrales, para el sistema eléctrico y para los enormes profesionales del sector nuclear en España», ha asegurado. Preguntado sobre si en 2035 no habrá centrales nucleares en España, la ministra ha recalcado que esa es su «impresión».
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