Reparar una lavadora, un lavavajillas o un frigorífico unos años después de su compra supone en ocasiones un verdadero quebradero de cabeza para los consumidores, sobre todo cuando ya ha caducado la garantía.
La situación es bien conocida: se estropea un electrodoméstico y cuando llamas al técnico te dice que hay que cambiar un par de piezas y que si a eso le sumas la mano de obra y el desplazamiento te va a muy caro. Y entonces, ¡bingo!: por no complicarte más la vida acabas comprando un aparato nuevo en lugar de reparar el tuyo, una solución esta última que te hubiese ahorrado cientos de euros de no ser por el alto precio de los recambios.
Esta problemática, sin embargo, tiene los días contados. La Unión Europea (UE) ha actualizado recientemente la Ley del Derecho a Reparar, aprobada en abril de 2021, para incluir nuevos derechos para los ciudadanos y ajustar la normativa más a la realidad actual, donde a veces los fabricantes no suministran repuestos o elevan el precio de las piezas para encarecer el arreglo y que no sea rentable. Los Estados miembros disponen ahora de dos años para incorporar a su legislación una norma que fomenta la economía circular y el ahorro.
«Las nuevas medidas sobre el derecho a reparar pretenden reducir los residuos y reforzar el sector de la reparación, para lo que se facilitará el arreglo de bienes a un precio más asequible«, ha señalado el Ejecutivo comunitario.
De esta forma, la nueva normativa contempla, por ejemplo, que los fabricantes tendrán que poner a disposición de los consumidores «piezas de recambio y herramientas a un precio razonable» y que se les prohibirá «impedir el uso de repuestos de segunda mano o impresos en 3D por talleres de reparación independientes, ni negarse a reparar un producto únicamente por razones económicas o porque anteriormente fue reparado por terceros».
Un año de garantía tras la reparación
Bruselas establece además que la garantía legal de los bienes reparados podrá ampliarse un año más y que una vez que finalice «el fabricante seguirá obligado a reparar productos domésticos comunes, técnicamente reparables según la legislación de la UE, como lavadoras, aspiradoras e incluso teléfonos inteligentes«.
Los consumidores también podrán «pedir prestado un dispositivo mientras el suyo está siendo reparado u optar por una unidad reacondicionada como alternativa si la reparación no es posible».
La renovada legislación exige igualmente a cada estado desarrollar «al menos una medida para promover la reparación, como vales y fondos de reparación, llevar a cabo campañas de información, ofrecer cursos de reparación o apoyar espacios de reparación comunitarios«
Según la Comisión Europea, la eliminación prematura de bienes de consumo «produce 261 millones de toneladas de emisiones equivalentes de CO2, consume 30 millones de toneladas de recursos y genera 35 millones de toneladas de residuos en la UE cada año». Los consumidores también pierden «alrededor de 12.000 millones de euros al año al sustituir los bienes en lugar de repararlos». La norma entró en vigor
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