«Este Gobierno está decidido a trabajar para frenar el cambio climático. Y lo demostramos con hechos. La Ley de Economía Circular que hoy entra en vigor es fruto de ese convencimiento y de ese esfuerzo. Andalucía es la comunidad más expuesta al cambio climático, la más vulnerable y por eso hemos planteado esta ley que ahora hay que desarrollar. Porque la Economía Circular es una de las mejores fórmulas para plantar cara al cambio climático», defiende el consejero Ramón Fernández-Pacheco. Este 1 de Mayo entra en vigor la Ley de Economía Circular que aprobó el Parlamento el 22 de marzo de 2023 con los votos a favor del PP y el PSOE, el voto en contra de Vox y la abstención de Por Andalucía y Adelante. El objetivo de la norma es que los residuos se conviertan en productos, reduciendo así su impacto contaminante y para ello se van a simplificar los trámites administrativos. Se pretende implantar un nuevo modelo que favorezca la protección ambiental y frene el cambio climático con medidas como la limitación de los productos de usar y tirar o la prohibición de no destruir los artículos que no se hayan vendido.
«La reconversión del residuo tradicional en nuevo producto, en un nuevo recurso, no sólo reduce costes a las empresas, sino que favorece la protección ambiental y ayuda a frenar los efectos del cambio climático. Eso potencia una menor extracción de materia prima, ya que se reutiliza el residuo generado, volviendo a formar parte de la cadena de producción», apunta el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. «Este cambio de modelo genera beneficios económicos para la empresa, reduce los residuos y facilita su gestión. Y, esto es importante, posibilita nuevos nichos de negocio; es decir, crea empleo», añadió Fernández-Pacheco.
La norma establece numerosos preceptos con el fin último de cambiar el modelo productivo. El objetivo es impulsar la Economía Circular y reducir los residuos que llegan a los vertederos hasta dejarlos en un 10% del total de los que se producen. Para eso se apuesta por alargar la vida de los bienes que se utilizan, primando tanto la contratación pública ecológica, como creando un registro público en el que los consumidores puedan conocer el coste del ciclo de la vida de los productos que consumen. Este concepto del ciclo de la vida de los productos ya existe en la legislación española pero el Gobierno andaluz pretende hacerlo más sencillo, comprensible y, por lo tanto, operativo, informó la Consejería. Así, uno de los puntales de esta normativa es la creación de un registro de inscripción voluntaria en el que las empresas declaren el coste del ciclo de vida de un determinado bien y detallen el impacto ambiental que ha tenido su fabricación y producción. Se baraja que este cálculo se haga en términos monetarios para que sea fácilmente comparable. Este registro supondrá un plus en los procesos de contratación pública y les puede suponer una ventaja competitiva de cara a los clientes que cada vez son más exigentes con la sostenibilidad.
El consejero portavoz, Ramón Fernández-Pacheco Europa Press
El coste del ciclo de vida de un bien se mide sumando desde la extracción de las materias primas hasta que el producto se deshecha. (artículos extraídos del BOJA 67. 11 de abril de 2023) Se creará el Registro público andaluz de análisis de ciclo de vida, adscrito a la Dirección General competente en materia de residuos, que tendrá por objeto la inscripción voluntaria del análisis de ciclo de vida de los productos, obras o servicios producidos, prestados, distribuidos o comercializados en la comunidad por parte de cualquier persona física o jurídica, pública o privada. La inscripción en el Registro tendrá validez por un periodo de tiempo mínimo de cinco años, sujeta a los resultados de verificación de cumplimiento de los requisitos, que podrá ser prorrogado. En base a la norma, la Junta de Andalucía promoverá la aplicación de los principios de sostenibilidad de los productos. Primará la eficiencia energética en el uso de los recursos naturales y la minimización de contaminantes. Se aumentará el uso de materiales reciclados. Se limitará el uso de productos de un solo uso y se desincentivará la obsolescencia prematura. Asimismo, se prohibirá la destrucción de los bienes duraderos que no hayan sido vendidos, señaló la Consejería.
La Junta promoverá el cambio hacia una economía de funcionalidad. Entre otras medidas, se fomentará el empleo de forma preferente en los edificios e instituciones públicas el sistema de pago por uso, en lugar de adquisición de maquinaria y equipos.
Los sectores productivos de la economía andaluza reducirán, en la medida de lo posible, los bienes no vendidos destinados a su eliminación, priorizando otros destinos, especialmente en el caso de los productos clave, sin perjuicio de lo establecido en la normativa. La Junta apuesta por incentivar los repuestos de los bienes de uso para evitar su desecho en pocos años.
La ley pretende facilitar la reutilización de los residuos regulando cómo se van a volver a reintroducir en los ciclos productivos. Eso implica una menor extracción de materias primas, menos residuos en los vertederos y una disminución del impacto ambiental, además de reducir los gastos de producción. También abre la puerta a nuevos nichos de negocio: producción de biomasa o agrocombustible a partir de compost o de residuos agrícolas.
.Otro aspecto relevante de esta nueva ley es que la Junta apuesta por incentivar los repuestos de los bienes de uso para evitar su desecho en pocos años. La sociedad actual se ha acostumbrado a una gestión de usar y tirar que es altamente contaminante y muy poco sostenible. El objetivo es recuperar esa conciencia de la reparación y del uso prolongado de los bienes. Los consumidores saldrán beneficiados, pero sobre todo el Medio Ambiente que recibirá menos agentes contaminantes. Así, la norma garantiza que los fabricantes ofrezcan piezas de repuesto y fomenta que se vuelva a las reparaciones más allá de las obligaciones legales.
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