A lo largo de 2023, las siete centrales nucleares españolas produjeron el 20,34% de toda la electricidad en el país, lo que equivale al consumo de 15 millones de hogares, según destacó Foro Nuclear en la presentación de sus resultados anuales. La cifra consolida el sorpaso de la eólica, que se establece ya como primera fuente de generación, si bien la atómica recordó que su disponibilidad es mucho mayor, con un funcionamiento cercano al 90% de las horas del año.

«Nosotros somos muy aburridos», bromeó Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, para resumir su funcionamiento. También contextualizó esta caída con el incremento de la potencia instalada de eólica y solar fotovoltaica. En cualquier caso, insistió en enmarcar la generación nuclear más cerca de las renovables, ya que no supone emisiones de CO2 y recordó que «seguimos quemando gas».

Así, aunque los números van cambiando por la penetración de las renovables, destacó la diferencia en las horas de generación. El año pasado fue «un poco bajo» por algunas paradas y aun así llegó a las 7.626 horas, mientras que la eólica alcanzó las 2.000 y la fotovoltaica se quedó 1500. Es decir, para una producción similar a las siete unidades nucleares es necesario multiplicar por cuatro la potencia instalada en el caso de los aeogeneradores y «con la fotovoltaica todavía es más claro», pues todos los días se hace de noche. «Necesitas una potencia instalada mucho mayor para igualar lo que puede producir la nuclear».

Esto tiene después sus consecuencias. Si los 7.000 MW nucleares se sustituyeran por fotovoltaica habría que multiplicar casi por seis la potencia. «No es sustituible una por otra«, explicó Araluce, precisamente por las horas de producción. «Esto tendría que ir acompañado con la posibilidad de almacenar energía», continuó el directivo, de forma que esa producción pudiese guardarse «en una especie de frigorífico eléctrico» para poder devolver la energía al sistema «cuando no hay sol o no hay viento».

El problema está en que el almacenamiento va retrasadísimo», lamentó. Actualmente hay dos tecnologías que podrían servir para guardar la electricidad, baterías o hidráulicas reversibles. Sin embargo, Araluce considera que las baterías, de momento, «ni están ni se las espera«. «Una cosa es el almacenamiento en baterías de corto plazo, para poder suministrar a la red durante una o dos horas y otra, de largo plazo». Son estas las que no están disponibles, así que su papel lo cubre la hidráulica reversible, para la que es necesario construir presas o adaptar las existentes.

Esto está impidiendo una mayor penetración de renovables adaptadas a un sistema y un consumo que no siempre concuerdan. Hay horas, normalmente las centrales del día, en las que los precios se desploman -han llegado a cero o, incluso, negativos– porque hay gran generación y no tanta demanda. Sin embargo, se da una «volatilidad tremenda» porque la demanda se desplaza a otras horas en las que estas fuetnes renovables e inframarginales no están disponibles. A esto hay que unir que no se está electrificando el consumo. Industrias electrointensivas o la movilidad deberían actuar por la parte de la demanda, pero se están retrasando.

«Mientras pasa todo esto es necesaria una energía estable», detalló Araluce. «En el medio y largo plazo es necesario tener una potencia firme, que siga produciendo de manera estable, sin sobresaltos», un papel que cumple la nuclear. Y, dentro de la transición energética, «es deseable que esa fuente no emita CO2 y sea competitiva», además de dar «una cierta independencia energética», destacó, en referencia a las centrales de ciclo combinado que queman gas. «Hay países que han renunciado a la energía nuclear», como Alemania, por lo que están a merced del gas -tercera fuente de generación en España- y el carbón -ya con un papel marginal a nivel nacional-, así como de los países que lo proporcionan.

En el caso de la nuclear, la garantía de suministro «evidentemente no es la misma que la fotovoltaica»; depende del uranio, pero se trata de un mercado «mucho más estable» que el de los combustibles fósiles por estar más diversificado y resolviendo su «cuello de botella» en el enriquecimiento. Además, no necesita un suministro continuo, sino que la carga permite producir durante un año y medio y la carga está como mínimo dos meses antes en la central. «Prácticamente te da dos años de garantía en el combustible».

«Penalizada» por lo impuestos

«En España, la tecnología nuclear está muy penalizada por el sistema fiscal», lamentó el directivo durante la presentación de los resultados. Y eso, arguyó, sin tener en cuenta la tasa que pagan a Enresa, la empresa pública responsable de la gestión de residuos. Según explicó Araluce, pagan «unos 17 o 18 euros» por cada MWh que producen. «Si no fuera por eso, la competitividad sería todavía mucho mayor», lamentó.

No obstante, el directivo es consciente de que los residuos radiactivos son una realidad de la que no pueden escapar: «Evidentemente son una complicación, si no tuviéramos residuos radiactivos esto sería la repanocha». De todos modos, aprovechó para recordar que otras tecnologías también tienen residuos que comenzarán a cobrar relevancia en el futuro y no se habla tanto de ellos. «Somos prácticamente el único sector que cumple el axioma de que quien contamina paga«, detalló Y lo hacen tanto por los residuos radiactivos como en preparación para el desmantelamiento de las centrales nucleares cuando llegue el apagón, que también cubre la tasa que pagan a Enresa.

«El ciudadano finalmente no va a tener que pagar nada, lo pagan las propias centrales nucleares», presumió Araluce. Cada año ingresan unos 450 millones de euros al fondo merced al acuerdo de 2019 que amplió el funcionamiento del parque nuclear y programó la parada secuencial de las unidades atómicas. «Con ese programa hay dinero suficiente, porque cada vez que producimos ingresamos dinero», insistió. «Tenemos esa pega, pero le hemos puesto un remedio».

En referencia al acuerdo de 2019, en el que se pactó el cierre, Araluce arguye que, en realidad, lo que se acordó fue prolongar la vida útil de las centrales respecto al «imaginario público», que contaba con un cierre que no llegará, en principio, hasta 2027. En cualquier caso, en opinión del directivo, la situación ha cambiado mucho en estos cinco años con la pandemia o la guerra en Ucrania como principales exponentes: «La situación hoy en día no tiene nada que ver con la de 2019». La prueba, apunta, es que se está debatiendo a nivel europeo y mundial el futuro energético. «Prácticamente todos» los países con energía nuclear han decidido prolongar su vida, cuando no construir nuevas centrales, mientras que otros optan por crear sus primeros reactores. Ellos, mantiene, están dispuestos a prolongar su vida útil si se garantiza su rentabilidad.

España y Alemania -que lo hizo antes, tras el accidente de Fukushima- son los únicos países que han decidido «ir para atrás» y continuar con el apagón nuclear. Araluce argumenta que la tecnología es clave para combatir el cambio climático y, además, las evoluciones tecnológicas y los reactores nucleares de pequeño tamaño ayudarán a aumentar la competitividad del sector. «El 75% o el 80% de nuestro coste variable son impuestos«, destaca. «Es una falacia decir que no somos competitivos», continúa, y considera injusto que la nuclear sea la única tecnología con la que se tiene en cuenta esta variable.

Araluce piensa que es «absolutamente necesario» continuar con la operación de las nucleares, si bien recuerda que, aunque el apagón vaya a comenzar en octubre de 2027 con el cierre de Almaraz, «revertir una decisión de este tipo no es cuestión de uno o dos días». Este 2024 o, como mucho, los primeros meses de 2025 se fijan como el punto de no retorno para el apagón nuclear. En gran parte, por el combustible, aunque también por la formación de los operarios. «La decisión se debe tomar con bastante antelación». Durante el acto parafraseó a los directivos de las grandes eléctricas en las que han mencionado el cierre, aunque apuntó que si hablan de cumplir con lo pactado es porque no hay otro remedio. No hacerlo sería «un acto de rebeldía». «¿Eso quiere decir que no quiero que sigan? No, quiero que sigan».

Cada año se invierten 200 millones de euros en las centrales nucleares para mantenerlas al día. Así, Araluce cree que no es justo hablar de centrales amortizadas, ya que se obvia esa inversión anual. Por este motivo, cree que una menor carga impositiva, especialmente si se retirase el pago por producir, les permitiría ser más competitivas. Cada año, explica, pagan entre 900 y 1.000 millones antes de producir la energía entre impuestos por combustble gastado, tasas autonómicas, pagos al Consejo de Seguridad Nuclear u otros comunes a otras fuentes, como el IBI. «Si nos quitaran los impuestos, sería mucho más competitiva», cargó el directivo, que ilustró que «hasta pagamos a la Guardia Civil que protege las centrales nucleares».

Tasa Enresa

Araluce se refirió también a su disputa actual con el Gobierno por el aumento de la tasa que pagan a Enresa para el desmantelamiento de las centrales. Hace unos meses solicitaron un informe económico que justifique el proyecto de decreto ley en el que aparecían, ya que creen que no está bien planteado, porque cambia las normas del juego a mitad de partida.

La clave está en que el séptimo plan de residuos radiactivos contempla un modelo de gestión completamente distinto al sexto. En 2019, cuando se pactó el cierre de las centrales y se aumentó la tasa que se paga a Enresa, se hicieron los cálculos con un plan en el que la idea era un único almacén temporal centralizado y no con el actual, que establece que habrá siete almacenes temporales individualizados -uno por cada reactor- desde los que más tarde (en 2073) se trasladará el combustible a un almacenamiento geológico profundo.

El nuevo plan tendrá un sobrecoste de unos 2.000 millones de euros respecto al sexto, que se pagaría con un aumento de algo más de dos euros por MWh en la tasa, hasta los 10,36 (aunque llegó a plantearse un pago aún mayor, cercano a los 11 euros). «Nos dimos la mano con un plan que había aprobado el Parlamento», recuerda Araluce. El cambio se produjo por falta de consenso -nadie quería albergar el almacén centralizado- y las nucleares no creen que sea justo «pagar por una divergencia institucional o social».

Por este motivo realizaron alegaciones al proyecto de decreto ley, que el Gobierno retiró por un defecto de forma (no se había sometido a audiencia pública) y ha vuelto a presentar con la cantidad actual de la tasa. A pesar de esta ‘rebaja’, justificada por una menor inflación y por contar con más dinero del esperado en el fondo de Enresa, siguen con la disputa. «Nosotros negamos la mayor», resume Araluce, que es que deban ser las nucleares las que asuman el sobrecoste.

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