Sin hacer el ruido de la agricultura, la industria del calzado tampoco está conforme con Europa. La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), que preside la industrial alicantina Rosana Perán, alerta de que el nuevo reglamento que está tramitando la Unión Europea contra la morosidad dificultará todavía más las cosas para las empresas del calzado. Industrias que, aseguran, ya están sufriendo desde 2022 las consecuencias de la estatal Ley Crea y Crece, que obliga a las empresas que quieran acceder a subvenciones públicas a cumplir con los plazos de la Ley de Morosidad, que establece en 30 días el término máximo de pagos.
Es la misma normativa contra la que protesta, desde hace meses, el sector cerámico porque entiende esta como una «condición difícilmente alcanzable» en sectores exportadores como el suyo, o como el calzado, en los que tres de cada cuatro euros procede del exterior con clientes que no tienen ninguna obligación de pago a menos de 60 días.
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FICE denuncia que el nuevo reglamento europeo pone «en serio peligro» la viabilidad de las empresas zapateras. Sobre todo para las más pequeñas, que apuntan ya están en situación financiera «delicada» debido a la disminución de la demanda por la caída del consumo y el aumento de los costes laborales. «El plazo de 30 días propuesto va a resultar difícil de cumplir para estas empresas, que podrían no contar con la liquidez necesaria para garantizar pagos rápidos sin poner en riesgo su viabilidad económica», explica la industria.
Es por ello que piden flexibilidad y que la regulación se adapte al contexto de cada empresa en un sector que en la Comunidad Valenciana representa actualmente el 9% de la industria y genera casi el 6% del empleo industrial. Según cifras de la Generalitat Valenciana, las empresas valencianas suman el 56% de todas las firmas de calzado de España con los principales núcleos de producción ubicados en Elx, Elda y Villena en Alicante, y la Vall d’Uixó en Castellón.
Las empresas valencianas suman el 56% de todas las firmas de calzado de España
Con el sector se reunió hace unos días la consellera de Innovación e Industria, Nuria Montes, a propósito de la política de sostenibilidad del clúster valenciano del calzado. Su departamento pide al Gobierno que se replantee la normativa, y que haga las «modificaciones oportunas» para que el dinero llegue a las empresas, y recuerda que es una normativa que no solo afecta al calzado, sino que hay más industrias aquejadas de esta situación.
Con todo, la réplica tiene que llegar del Gobierno. A escala nacional, la Federación está trabajando en esta línea, y actualmente está a la espera de diversas reuniones, para que se hagan esas modificaciones, pues temen incluso quedar fuera del PERTE de la Economía circular por dichos requisitos. «Es un disparate que nuestras empresas, de naturaleza exportadora, y con un producto de baja rotación como el calzado tengan que ceñirse a los 30 días que establece la ley del Gobierno de España. Es imposible, y si no lo logran quedan fuera de las ayudas europeas», indica la secretaria general de FICE, Marián Cano.
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