Las compañías se dotan de recursos para hacer frente a los nuevos estándares de ‘reporting’ en sostenibilidad, un cambio de paradigma que plantea retos pero también grandes oportunidades.

Después de que la nueva directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD) entrase en vigor en el pasado mes de enero, las empresas han tomado conciencia de la necesidad de destinar recursos adicionales para dar respuesta a unos estándares cada vez más exigentes. La nueva regulación, que viene a cambiar las reglas del juego en los reportes de información no financiera, aplica desde este año fiscal a las grandes empresas de más de 500 empleados y consideradas de interés público.

A lo largo de los próximos años irá expandiendo su alcance hasta afectar a unas 50.000 organizaciones -frente a las 11.600 que estaban obligadas a informar sobre sostenibilidad hasta ahora-, que deberán adaptarse a más de 1.100 requerimientos distintos. Los desafíos que plantea esta regulación protagonizaron el encuentro Sostenibilidad sobre la nueva directiva europea CSRD, organizado por EXPANSIÓN junto a PwC y la CEOE.

Novedades

«Esta directiva implica un cambio enorme, dado que diversas cuestiones pasan a reportarse con mayor incidencia y detalle. Esto redundará en un mayor grado de transparencia sobre los avances de las empresas en materia de sostenibilidad y de los criterios ESG», consideró Teresa Parejo, directora de sostenibilidad de Iberia. Entre las novedades más relevantes, Parejo destacó el concepto de doble materialidad, que integra la perspectiva de los riesgos y oportunidades financieras con el impacto del negocio sobre el medio ambiente y el planeta.

La CSRD supone un salto cualitativo y cuantitativo que eleva de nivel la información no financiera, en el marco de la apuesta de la UE por movilizar los flujos de inversión hacia actividades sostenibles. «Se trata de un cambio importante, que se traducirá en más empresas involucradas, mayor detalle de reporting, verificación de la información, automatización y creciente involucración por parte de todos para orientar la operativa de nuestras compañías hacia esta evolución que marca Europa», comentó José Miguel Tudela, director de sostenibilidad y acción climática de Enagás.

Miguel Arias Cañete, ex comisario europeo de Energía y Acción por el Cambio Climático, coincidió en que «los cambios que introduce la directiva son muy sustanciales». En particular, aclaró que «se amplía el perímetro y el detalle de la información, pasa a ser obligatoria la verificación de los informes de sostenibilidad, se suprime la posibilidad de que se presente la información en un informe separado que no fuera parte del informe de gestión, y se convierte en obligatoria su presentación en formato electrónico y digital».

Aunque el 1 de enero entró en vigor para las empresas que ya estaban sujetas a la anterior directiva NFRD, las obligaciones de la CSRD se irán aplicando de forma escalonada: en 2025 llegará al resto de grandes compañías, en 2026 a las pymes cotizadas y en 2028 a las filiales de multinacionales de terceros países. «Los estándares sobre los que deben informar pasan de 80 a 1.100, e involucran a la cadena de valor», especificó Pablo Bascones, socio responsable de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC. Asimismo, añadió que «se habla de implicaciones financieras de los riesgos climáticos y la economía circular, además de solicitar información prospectiva, algo que plantea un reto para las organizaciones y los auditores».

De forma adicional, Pablo Bascones advirtió que «una de las novedades más relevantes es que entramos en un régimen sancionador y supervisor muy similar al de la información financiera». Este escenario plantea una elevada exigencia para las empresas en términos de gobernanza, de herramientas y de las tres líneas de defensa. «La única respuesta pasa por destinar recursos económicos, técnicos y humanos», dijo el socio de PwC. Es un desafío, pero también una oportunidad para «dar una vuelta al modelo de negocio y convertirlo en algo diferencial».

Oportunidades

Teresa Parejo incidió en que «es necesario abordar esto de modo que sea una oportunidad y no una carga que reste competitividad a las empresas europeas». La directora de sostenibilidad de Iberia reconoció que la mayor complejidad técnica requiere «de más personas y que además tengan una formación», aunque también valoró «la homogeneidad en la normativa».

En la misma línea, José Miguel Tudela indicó que «la principal crítica a la anterior directiva era que faltaba un estándar basado en los principales a nivel europeo e internacional, y ahora se está generando uno». Para el director de sostenibilidad y acción climática de Enagás, «es importante contar con un marco global, aunque cada empresa haga su estudio de materialidad concreto y ponga el foco en su área de impacto».

Otra de las lecturas positivas, como concluyó Miguel Arias Cañete, tiene que ver con que «el hecho de presentar información de muy alta calidad proporcionará beneficios a las empresas a la hora de mejorar el acceso al capital financiero que quiera invertir en compañías sostenibles».

Los riesgos de no cumplir con la CSRD

Con la entrada en vigor de la directiva CSRD, las compañías deben tener muy presente que los riesgos asociados a un incumplimiento superan los costes derivados de su aplicación. En primer lugar, el régimen sancionador y de supervisión se eleva hasta situarse en niveles similares a los de la información financiera. La responsabilidad de establecer sanciones recae en los Estados miembros, pero la directiva establece que deberán asegurarse de que estas sean «efectivas, proporcionadas y disuasorias». Asimismo, no cumplir con estos estándares acarrea el riesgo de que las empresas no puedan registrar sus cuentas, con el consiguiente impacto sobre su actividad, que puede incluso llegar a paralizarse. De forma adicional, Miguel Arias Cañete, excomisario europeo de Energía y Acción por el Cambio Climático, advirtió que «habrá que seguir de cerca la aprobación de la directiva de debida diligencia en materia de sostenibilidad corporativa», que también llegará en 2024. Esta acarreará sanciones pecuniarias basadas en el volumen de negocio de las empresas, que «podrían ser muy elevadas».

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