Los electrodomésticos y los productos electrónicos, entre otros, tendrán que incorporar, cuando entre en vigor la nueva Ley de Consumo Sostenible, una nueva etiqueta que informará sobre el índice de reparabilidad del aparato, es decir si es fácil o difícil repararlo.
Así lo ha avanzado en una entrevista a EFE la secretaria general de Consumo y Juego, Bibiana Medialdea, quien ha detallado que esta etiqueta indicará «cómo de fácil o difícil es conseguir las piezas del electrodoméstico o también cómo de cara o no puede ser la reparación en función al precio del producto».
De esta forma, cuando vayamos a comprar una lavadora, por ejemplo, además de comparar la eficiencia energética, que ya lo podemos hacer, o el precio, podremos comparar en función de la puntuación que tenga en el índice de reparabilidad, las facilidades para reparar con respecto a otras.
Pero además, esta ley también tendrá en cuenta el ‘ecodiseño’, es decir, el diseño de los productos para que garanticen mayor durabilidad y mejor facilidad para las reparaciones.
Para la secretaria general de Consumo, va a ser «un antes y un después» porque supondrá toda una nueva generación de derechos sostenibles y de consumo, en los que el Gobierno avanzará a partir de las directrices y reglamentos que se están regulando especialmente en el último año en la UE.
Precisamente, a partir de una de esas directrices, y con la ley de Consumo Sostenible, según ha explicado, se obligará a las empresas a que la información medioambiental que den esté fundamentada porque el problema que ahora existe no es que no se dé.
«De hecho -argumenta-, como la población está ya muy sensibilizada, lo que vemos es que las empresas están ofreciendo mucha información comercial relacionada con la sostenibilidad, y por eso la preocupación es asegurarnos de que sea siempre cierta y que esté fundamentada, y que no se confunda con información engañosa».
Por tanto, pasarán a estar prohibidas las afirmaciones y alegaciones medioambientales que se consideren vagas que no tengan una certificación previa y que sean tan genéricas, como por ejemplo decir que un producto «es ecológico, que es verde o que esta empresa es amiga del medio ambiente o es sostenible, sin fundamentarlo».
¿Se sancionará a las empresas que den información engañosa?. La respuesta es clara. Sí, y de forma importante porque las habrá desde 100.000 euros hasta cuatro o seis veces el beneficio ilícito que se haya podido conseguir a partir de esa publicidad engañosa.
Más de la mitad de las alegaciones medioambientales que hacen las empresas a nivel europeo y en España no están bien fundamentadas, según Medialdea, y como éstas tendrán que serlo en un futuro, en Consumo están trabajando en la elaboración de una guía de buenas practicas en la que se explique cómo se hace una política comercial de sostenibilidad «veraz, sin confusión».
Los españoles son de los europeos que incorporan cada vez más a sus decisiones de consumo su preocupación también por la sostenibilidad y cada vez más están dispuestos a asumir un mayor coste por hacer opciones de consumo más sostenibles, según los últimos datos del Eurobarómetro.
De ahí, la preocupación en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por que las empresas sean responsables e informen con argumentos sobre su política comercial de sostenibilidad, «sin utilizarlo para hacer una competencia desleal», según la responsable de Consumo.
La Ley de Consumo Sostenible regulará el derecho a la reparación, la lucha contra el blanqueamiento ecológico o la protección contra prácticas desleales porque, tal y como señaló el ministro Pablo Bustinduy al anunciarla, «la palabra sostenible es cada vez más empleada para estrategias de ‘greenwashing’ (lavado de imagen verde)»·.
Lo es, según sus palabras, «hasta el punto que ha terminado por perder gran parte de su valor y de su significado», y la intención es «tomarse ese concepto en serio».
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