El reciclaje de módulos fotovoltaicos es una cuestión esencial para la adecuada gestión de los residuos generados por esta tecnología renovable siendo clave para la sostenibilidad en la industria solar.
Los paneles fotovoltaicos tienen una larga vida útil, de unos 25-30 años, por lo que su reciclaje no había suscitado gran interés hasta la fecha, siendo, hasta ahora, un sector ciertamente deficitario en el que los costes asociados al transporte y recuperación pueden superar los beneficios económicos del proceso.
Sin embargo, a medida que aumenta el mercado fotovoltaico mundial, también lo hará el volumen de residuos de paneles en el futuro, pudiendo llegar a convertirse en un negocio circular, económico y muy rentable.
La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) estima que los materiales reciclables en los módulos solares antiguos para el año 2050 será de 78 millones de toneladas con un valor de 15.000 millones de euros en activos recuperables.
El reciclaje de paneles fotovoltaicos viene impuesto, además, por la Unión Europea, al amparo de la Directiva RAEE 2012/19/CE, pionera en la regulación de estos residuos requiriendo de un 85% de recogida y un 80% de reciclaje de los materiales presentes en un panel fotovoltaico.
Dicha directiva establece normas y directrices concretas para la adecuada gestión de residuos provenientes de aparatos eléctricos y electrónicos, incluyendo los paneles fotovoltaicos. Consecuencia de ello, los Estados miembros de la Unión Europea están obligados a implementar estas directrices en sus legislaciones nacionales. No obstante, cada Estado ha trazado su propio camino hacia el reciclaje fotovoltaico, siendo los casos de Francia y Alemania los más desarrollados.
El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Economía Circular aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) fomenta el ecodiseño de estos productos asociados al sector de la energía limpia, así como el desarrollo de instalaciones y sistemas que permitan incrementar la reutilización y el reciclaje de estos productos y ayudas para la implantación de instalaciones de reciclaje de paneles fotovoltaicos.
La inclusión de este sector en el PERTE fomentará la creación de nuevas plantas de tratamiento de los residuos más eficientes y económicamente viables. De hecho, se prevé una inversión estimada de 191 millones de euros para la construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el reciclado de este tipo de residuo y de 24 millones de euros en inversiones relativas a las instalaciones de recogida y clasificación (como puntos limpios) y mejora de las plantas de tratamiento existentes.
En España, el Real Decreto 110/2015 de 20 de febrero, contempla una categoría específica para estos paneles solares, y obliga a darles un tratamiento específico y prolijo cuando pierden su funcionalidad. Se trata, no obstante, de una regulación considerablemente vaga y genérica, que debería abordar de una manera más sistemática y especifica el reciclaje de los componentes de estos dispositivos cada vez más cruciales en el camino hacia la transición ecológica.
Ante la ausencia de un significativo número de instalaciones fotovoltaicas que hayan llegado a día de hoy al fin de su vida útil, existen en España pocas plantas de tratamiento específicas para paneles, los cuales acaban siendo reciclados en plantas de otro tipo de residuos o en instalaciones de reciclaje europeas.
Sin embargo, las previsiones de generación de miles de toneladas de remanentes de paneles solares en el corto plazo, y la huella ambiental que ello supone, plantea una significativa una oportunidad para el desarrollo de un nicho muy importante de negocio orientado al reciclaje de módulos solares, que deberá cumplir, de forma ineludible, con la normativa europea y nacional.
Esto permitiría, además, reducir los costes de la gestión ambiental de estos residuos al evitar su traslado a otros países y, por supuesto, aportar un importante valor añadido al sector de las energías renovables y la movilidad eléctrica, colocando a España como uno de los principales referentes en este importante sector.
Fernando Pérez Rosado, asociado del departamento de energía y regulatorio en Araoz & Rueda.
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