Desde Apogeo Ambiental hacemos partícipes a nuestros Productores Asociados de cuáles son sus obligaciones y responsabilidades en materia de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Por ello, hoy abrimos un nuevo capítulo relativo al diseño y reutilización de productos eléctricos y electrónicos y cuáles son las obligaciones de nuestros productores según la Ley general de residuos y suelos contaminados (Ley 22/2011). 

La Ley general tiene por objeto mitigar el impacto adverso de los residuos sobre la salud humana.  Por lo que propone una serie de medidas encaminadas a cumplir sus objetivos.

Prevención: La eficiencia en el uso de recursos

Uno de los puntos de la Ley 22/2011, habla de prevenir desde la fabricación misma de producto, haciendo hincapié en la fase de concepción y diseño del mismo, producción, distribución o consumo de una sustancia, material o producto encaminado a reducir: 

  • La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el alargamiento de la vida útil de los productos.
  • Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía.
  • El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos.

Por lo tanto, la Ley 22/2011 está invitando a los productores de AEE a incorporar a sus sistemas productivos medidas encaminadas a que los productos resultantes sean no solo más sostenibles, sino que cumplan la legislación vigente.

El objetivo es que cuando esos nuevos AEE se conviertan en RAEE, faciliten no solo su posible reparación y reutilización por parte de los usuarios, sino que en caso de valorización y eliminación, se produzca de forma sencilla, sin riesgos y ajustada a los nuevos parámetros exigidos en el marco legal.

El fin de la obsolescencia programada

La nueva Ley busca que los nuevos productos que se pongan en el mercado, sean aptos para usos múltiples y duraderos, dejando claro que a partir de ahora, deben de dar una garantía a los usuarios sobre durabilidad y también, informar sobre la posibilidad de ser reparados y derivados a un mercado de segunda mano.

Fomentando la accesibilidad de aprovisionamiento de piezas necesarias para la reparación y utilización de dichos aparatos.

La Ley 22/2011, exige a los fabricantes de los aparatos eléctricos y electrónicos, su responsabilidad ampliada como productores de AEE. Dejando claro que son ellos quienes desde el diseño y fabricación del producto tienen la obligación de reducir los riesgos de contaminación tanto de sus productos como de sus componen

Ya contamos, que este año en Francia será obligatorio que los aparatos eléctricos y electrónicos lleven una etiqueta con información sencilla sobre la duración de su vida útil a través de un índice que muestre la opción de reparabilidad y durabilidad.

Lo que no es de extrañar, dado que la Ley 22/2011 es la adaptación española de la normativa europea que regula nuestro sector de actividad en todos los países miembros. En España toca ponerse las pilas.